A los constituyentistas

Se afirma que es tarea de Estado, la creación e implementación de mecanismos que evalúen la participación, de allí que el primer cambio debe afectar a los organismos de Estado que están llamados a intervenir, promoviéndola inclusive como dispositivos de autoevaluación, ya que crear espacios adecuados para la participación es un compromiso gubernamental adquirido en el contexto internacional. El debate no es sobre la necesidad de participación, sobre su pertinencia o acerca de cómo, cuándo y dónde hacerla posible, sino acerca de las mejores técnicas para hacerla sostenible en el tiempo.

Los argumentos de legitimidad y transparencia, componentes básicos de la participación requieren la incorporación al sistema de mecanismos de información y de tipos de información, respectivamente. Ambos factores son contemplados como derechos de los ciudadanos y es obligación de Estado procurar el acceso a los mismos. La viabilidad de un sistema de esta naturaleza depende de la voluntad política de los organismos de Estado y del reconocimiento de la participación social en la solución de las demandas más sentidas de la población.

En este sentido, la planificación ha sido un tema central en los discursos y prácticas del desarrollo, siendo considerada como una herramienta vital para pensar y crear el futuro. Se concibe la planificación del desarrollo como un proceso de acción social muy ligada a gobernar y a dirigir, que busca darle congruencia, coherencia, racionalidad, rumbo y dirección a la gestión gubernamental, legitimada a través de la participación y concertación de los diversos actores que conforman la sociedad. Este concepto representa la creencia en que el cambio social puede ser manipulado, dirigido y producido a voluntad, considerándose que los países o localidades pobres podían moverse fácilmente, a lo largo del camino del progreso, mediante la planificación.

Es por ello que los proyectos de desarrollo comunitario, como procesos en los cuales personas, colectivos y comunidades desarrollan capacidades para analizar sus problemas e idear soluciones, se consideran estrategias válidas para promover el papel de la educación, ya que hacen hincapié en la participación directa de los interesados, y para participar necesariamente hay que capacitarse.

Esta participación solo será efectiva si se concibe como un proceso educativo permanente, ya que para que la población sea consciente de sus problemas y de las características que definen su situación, y además sea capaz de comprometerse con los procesos de cambio que originarán mejoras en su calidad de vida, es imprescindible que adquieran capacidades para ampliar sus espacios de actuación, de tal forma que se encuentren mejor preparados para dirigir dichos cambios. Se trata de adquirir un dominio técnico que incluye el saber y el saber-hacer; un dominio pedagógico como el conjunto de capacidades requeridas para asegurar la transferencia del saber para aprender a aprender; y un dominio social para analizar una determinada situación.

Este aumento de la influencia, poder y presencia de las organizaciones de la sociedad civil, las obliga a la responsabilidad y obligación de rendir cuentas públicamente, mejorando con ello sus niveles de transparencia y legitimidad. El control social y el control estatal deben estar ambos institucionalizados, deben poseer legalidad, transparencia y eficiencia en los procesos, conformando un solo sistema de rendición de cuentas, mediante la complementariedad. 

   La evaluación de la contraloría estatal recae fundamentalmente en los recursos, mientras que la contraloría social, además de los recursos, evalúa los procesos en el sentido del cumplimiento de procedimientos y los impactos de indicadores del desarrollo institucional, económico y social. La contraloría social de la gestión pública no refiere solamente a la observación del gasto estatal sino a la gestión de todo el ámbito público que incorpora a las organizaciones de la sociedad civil que tienen por función el cumplimiento de objetivos públicos desde un estatuto diferente al estatal, incluyendo servicios que estén bajo control directo de las organizaciones sociales.